Llamamiento público: Por un proceso justo, independiente y conforme al Estado de derecho en el caso “Alianza El Salvador en Paz”
Berlín, 3 de agosto de 2026
Señor Presidente Bukele,
representantes del Gobierno y del sistema judicial salvadoreño,
estimadas señoras y estimados señores:
Del 11 al 14 de agosto de 2026 está prevista ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador la audiencia decisiva en el proceso contra integrantes de la “Alianza El Salvador en Paz”.
Las personas procesadas son antiguos combatientes del FMLN, veteranos de la Fuerza Armada salvadoreña y personas comprometidas política y socialmente. Varias de ellas se encuentran en prisión preventiva desde su detención en mayo de 2024, es decir, desde hace más de dos años.
Entre las personas procesadas se encuentran José Santos Melara, conocido como “Pepe”, y Atilio Montalvo. Ambos reciben acompañamiento en el marco del programa “Parlamentarios protegen a parlamentarios” del Bundestag alemán. José Santos Melara continúa privado de libertad. Atilio Montalvo recibió medidas sustitutivas a la detención debido a su crítico estado de salud. Ambos padecen graves enfermedades y necesitan una atención médica continua y adecuada.
La prolongada prisión preventiva, las graves enfermedades de las personas afectadas y las dudas sobre la legalidad y la imparcialidad del proceso planteadas por familiares, abogados, abogadas y organizaciones de derechos humanos son motivo de profunda preocupación.
Resultan especialmente preocupantes las denuncias sobre el acceso restringido a los documentos de la defensa, las insuficientes posibilidades de comunicación confidencial con los abogados, la falta de atención médica adecuada y la reserva casi absoluta del proceso. El hecho de que el procedimiento sea dirigido por una jueza de identidad reservada tampoco debe impedir que sus decisiones estén sujetas al control jurídico y público correspondiente.
Este proceso no tiene lugar en un vacío político. Bajo la presidencia de Nayib Bukele se han debilitado considerablemente los mecanismos de control democrático, la separación de poderes y la independencia judicial. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha dado lugar a decenas de miles de detenciones y a graves restricciones de las garantías del debido proceso. Las organizaciones de derechos humanos también han documentado una creciente represión contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales y otras voces críticas.
La deriva cada vez más autoritaria del Gobierno del presidente Bukele ha creado un entorno en el que existen dudas fundadas sobre la posibilidad de que los procesos políticamente sensibles se desarrollen de manera independiente y exclusivamente sobre la base del derecho y de las pruebas. El presidente Bukele y su Gobierno tienen la responsabilidad política de respetar la independencia judicial y de abstenerse de cualquier influencia directa o indirecta sobre este proceso.
Por ello, exhorto a las autoridades y a los órganos judiciales competentes de El Salvador a garantizar a las personas procesadas un procedimiento justo, transparente y plenamente conforme con el Estado de derecho. Esto incluye, en particular:
– el respeto irrestricto de la presunción de inocencia;
– una decisión judicial independiente e imparcial, libre de cualquier interferencia política;
– el acceso completo y oportuno de la defensa a todos los expedientes y elementos probatorios;
– suficientes posibilidades de comunicación confidencial entre las personas procesadas y sus abogados;
– el examen individual de las acusaciones formuladas contra cada una de las personas procesadas;
– resoluciones judiciales transparentes, comprensibles y debidamente fundamentadas;
– la autorización de una observación independiente, nacional e internacional, del proceso;
– una atención médica integral y adecuada a las enfermedades de las personas afectadas; y
– la revisión inmediata de la necesidad y proporcionalidad de la continuidad de la prisión preventiva.
La prisión preventiva no debe convertirse en una condena anticipada. Cuando no existan razones concretas, suficientes y jurídicamente verificables que justifiquen la continuidad de la detención, las personas afectadas deben ser puestas inmediatamente en libertad o deben aplicarse medidas sustitutivas adecuadas.
La lucha contra la violencia y la persecución de delitos reales son responsabilidades legítimas de todo Estado. Sin embargo, estas responsabilidades no deben utilizarse para criminalizar la oposición política, la protesta social o el compromiso crítico de la ciudadanía. La actividad política no debe ser equiparada con el terrorismo sin pruebas convincentes que puedan ser examinadas ante un tribunal independiente.
La gravedad de una acusación penal no exime al Estado de su obligación de respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Al contrario: cuanto más grave sea la acusación, mayores deben ser las exigencias en materia de pruebas, transparencia e independencia judicial.
Exhorto expresamente al presidente Nayib Bukele y al Gobierno salvadoreño a respetar plenamente las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos, la separación de poderes y la independencia judicial. Debe cesar cualquier forma de influencia política sobre el procedimiento.
La comunidad internacional seguirá atentamente la audiencia prevista del 11 al 14 de agosto de 2026. Expreso mi solidaridad con las personas procesadas y con sus familias y apoyo su demanda de un proceso independiente y conforme con el Estado de derecho.
Garanticen que en este proceso decidan únicamente el derecho y las pruebas, y no los intereses políticos. Garanticen un juicio justo, protejan la salud y los derechos de las personas procesadas y pongan fin a cualquier forma de persecución penal por motivos políticos.
Atentamente,
Evelyn Schötz
Diputada del Bundestag alemán